Las sociedades modernas se distinguen por la defensa y reconocimiento de los derechos humanos y en este proceso de reconocimiento se han conseguido algunas conquistas que visibilizan la realidad de las personas LGTBIQ+.
Históricamente, las personas trans, y más concretamente las mujeres trans, han liderado las protestas sociales que han desembocado en los avances más importantes del colectivo LGTBIQ+ y paradogicamente ellas son quienes han sufrido mayor discriminación, por el hecho de ser mujeres y de ser transexuales.
El 28 J se celebra el Orgullo que conmemora el comienzo del movimiento de liberación del colectivo durante los disturbios de Stonewall, liderado por dos mujeres trans, Marsha P Johnson y Sylvia Rivera.
En la primera marcha de protesta celebrada en Barcelona, en 1977, pidiendo la derogación de la ley de Peligrosidad social, fueron las mujeres trans las que permanecieron en las pancartas aguantando las cargas policiales, a pesar de que en el inicio de la marcha se las quiso invisibilizar por el resto del colectivo.
El colectivo ha vivido en primera persona como sus derechos iban quedando atrás. El 17 de mayo de 1990 la OMS eliminaba la homosexualidad de las enfermedades mentales pero incorporaba la transexualidad en ese mismo listado. Paradójicamente, esa fecha sirve para celebrar El Día Internacional contra la LGTBIfobia, ignorando que a día de hoy la OMS no ha eliminado definitivamente las identidades trans de su catálogo, situándolas como “condiciones relativas a la salud sexual” y llamándolas “incongruencia de género”.
En julio de 2005 se legalizaba el matrimonio igualitario y la adopción para parejas del mismo sexo, mientras las personas trans aún no podían cambiar su identidad de forma legal y seguían siendo tratadas como enfermas mentales. Una vez más las aspiraciones de la “T” quedaban relegadas y borradas bajo la falsa apariencia de un avance colectivo.
En 2007 y con la presión de una huelga de hambre, para conseguir la rectificación del nombre y el sexo de las personas trans en el Registro Civil. Todo esto bajo la Ley 3/2007 que excluye a las personas migrantes, a las personas No Binarias y excluía a las personas menores, hasta que el Tribunal Constitucional dictó un auto declarando inconstitucional esto último. Todo ello bajo la supervisión patologista de la medicina, mediante un diagnóstico psiquiátrico, que históricamente ha sido utilizada para despojar de autonomía y derechos a las personas trans, y ha sido la excusa para la vulneración de sus derechos humanos condicionando el reconocimiento de la identidad a un tratamiento hormonal de mínimo dos años de duración.
Hasta julio de 2014 hubo que esperar para que la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía despatologizara la transexualidad y, por primera vez en España, se reconociera el derecho a la libre autodeterminación del género como un derecho fundamental. Avance conseguido una vez más con la amenaza de huelga de hambre del activismo trans.
En 2017, la organización Hazte Oir lanzaba, impunemente, una campaña publicitaria incitando al odio hacia la infancia trans. En julio de 2019 un grupo de mujeres, organizaron un Congreso en Gijón cuyo objetivo radicaba en ridiculizar y atacar al colectivo trans.
El colectivo sufre unos niveles de violencia insoportables, estando expuesto a la exclusión educativa y laboral, al rechazo social, la estigmatización médica y la violencia policial.
Hasta ahora nunca ha habido una voluntad política real de cambiar esta situación y que se tradujera en legislaciones y acciones específicas por parte del Estado.
Desde el año 2013, la aparición de las familias en el activismo trans y la constitución de la Federación de colectivos trans específicos, Plataforma Trans, ha significado un impulso y ha sumado fuerzas para luchar por las reivindicaciones históricas.
En nuestra Región, dos son los marcos legales que protegen los derechos del colectivo LGTBI:
- La Resolución de 25/01/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género. Haciendo referencia a la protección de derechos del colectivo, especialmente dirigida hacia los menores.
- Una Proposición de Ley de Igualdad Social, de trato y no discriminación por orientación sexual e identidad de género en Castilla-La Mancha. En la que actualmente se está trabajando.
Por todo ello, desde nuestro municipio y desde nuestro Ayuntamiento y con el fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales de Derechos Humanos y a los compromisos adquiridos en nuestras leyes nacionales y en nuestra comunidad autónoma, pedimos:
- Sororidad, para propiciar la alianza, el respeto y el reconocimiento, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos lgtbifobicos.
- Un movimiento feminista sólido y fuerte que reivindique, como hasta ahora el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres y defienda los derechos de las mujeres lesbianas, transexuales y no binarias.
- Unidad de todo el colectivo LGTBIQ+ y de la sociedad civil organizada para que se solidaricen con el clamor de este colectivo y que, en esta ocasión por primera vez, las mujeres no seamos las últimas.
El día que nadie sienta miedo por ser quien es, sentirse como es y expresar lo que siente…
El día en que eso suceda, podremos decir que ya no existe lgtbfobia.
Mientras tanto habrá que seguir luchando, divulgando y visibilizando.